Sábado 06 de diciembre de 2014
Desigualdad ante la justicia
Pablo Rodríguez: "No quiero que se confunda lo que digo con una denuncia destemplada. Lo que procuro es describir una realidad insoslayable que, por comodidad, temor o conveniencia, se silencia, haciendo imposible que algún día pueda encararse cada uno de estos factores en beneficio de todos los chilenos..."
Mucho se insiste en la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, mandato contenido en el artículo 19 N° 3 de la Constitución. Sin embargo, nada se dice sobre la igual protección ante la jurisdicción, salvo reconocer las garantías que aseguran la defensa jurídica en la forma que la ley señala. No obstante, como lo reclaman millones de chilenos, ocurre que los tribunales de justicia, por diversas razones, no tienen la independencia que requieren para ejercer su tarea (conocer las causas civiles y criminales, resolverlas y hacer ejecutar lo juzgado). Esta debería ser la preocupación fundamental de quienes encabezan el Poder Judicial y un postulado permanentemente vigente.
De nada sirve una legislación perfecta, moderna, inspirada en las mejores tendencias del mundo occidental, si quienes tienen que aplicarla para solucionar conflictos intersubjetivos se ven forzados a desvirtuar su mérito. Es cierto, la justicia depende esencialmente de la calidad de los jueces, más que de las virtudes y perfección de la ley. Tres factores gravitan y determinan esta realidad.
El primero radica en la intervención de las autoridades políticas en la designación y promoción de los jueces, en un universo en que el contencioso administrativo es cada día más extendido y absorbente. Está demostrado que aquellos magistrados que no tienen afinidad con quienes ejercen el poder, o se mantendrán indefinidamente en sus cargos sin ascenso alguno, o abandonarán decepcionados sus funciones. La mejor demostración de lo que digo queda en evidencia por los vaivenes que la jurisprudencia acusa entre uno y otro gobierno en materias tan sensibles para la ciudadanía como la prescripción penal, la cosa juzgada, la amnistía, el debido proceso, etcétera.
Lo indicado es un problema que se arrastra por muchos años, que no es imputable solo a quienes forman parte del Poder Judicial, sino consecuencia de su estructura orgánica. En cierta medida, no puede exigirse a los jueces otro comportamiento. Esta anomalía seguirá pesando indefinidamente en el funcionamiento de la judicatura, ya que no existe ni la más remota posibilidad de corregirla a corto plazo. Como es natural y lo demuestra la experiencia, nadie está dispuesto a restringir la cuota de poder que se le ha asignado. Los jueces solo serán independientes cuando en la generación y promoción de los cargos judiciales desaparezca todo influjo ajeno a su carrera.
El segundo factor a que aludimos consiste en la generación de una atmósfera hostil hacia ciertas personas o instituciones cuya conducta se condena públicamente, incluso con mucha antelación al juicio respectivo. De este fenómeno son responsables algunos medios de comunicación empeñados en desacreditar a quien se ve envuelto en un litigio, los comentaristas especializados, los cuadros políticos que actúan en forma coordinada hasta imponer un veredicto social condenatorio, y todos nosotros que miramos con indiferencia y desaprensión lo que sucede.
Indudablemente, el componente más activo es el tráfico ideológico, que procura destruir la imagen de quien se considera un enemigo, mediante la crítica mordaz y el escarnio. Es frecuente observar cómo un delito cometido por personeros de una firma privada, por ejemplo, se proyecta de inmediato a todo el sector empresarial, dañando, muchas veces, una trayectoria de decenas de años de funcionamiento irreprochable; o un proyecto mal evaluado redunda en la destrucción de una imagen corporativa labrada con tenacidad a través del tiempo.
El tercer factor es la división que propician algunos jueces que, asumiendo posiciones bien definidas y alentando movimientos con inequívocos propósitos políticos, pugnan por imponer un cierto modelo institucional a la judicatura. Este impulso va en aumento, creo yo, ante la actitud displicente de la Corte Suprema, que parece más interesada en otra problemática. Lo que señalamos -que objetivamente nadie podría ignorar- tiene una razón de ser que hunde sus raíces en la debilidad del gobierno judicial por efecto del sometimiento inadvertido de la magistratura a los intereses políticos predominantes.
No quiero que se confunda lo que digo con una denuncia destemplada. Lo que procuro es describir una realidad insoslayable que, por comodidad, temor o conveniencia, se silencia, haciendo imposible que algún día pueda encararse cada uno de estos factores en beneficio de todos los chilenos.
Este país requiere con urgencia de una política realista de largo plazo, que defina con precisión el ámbito de este poder del Estado en el marco institucional, que identifique aquellos problemas que terminarán por agobiarlo si se persiste en encubrirlos, que fortalezca la carrera judicial, proteja su independencia de todo agente o factor ajeno a su tarea específica -sin un sello ideológico inspirador-, y que le dé un estricto carácter profesional. Estos son los jueces que necesitará Chile en el futuro para fortalecer lo que llamamos "Estado institucional de Derecho".
Pablo Rodríguez Grez
Decano Facultad de Derecho
Universidad del Desarrollo
De nada sirve una legislación perfecta, moderna, inspirada en las mejores tendencias del mundo occidental, si quienes tienen que aplicarla para solucionar conflictos intersubjetivos se ven forzados a desvirtuar su mérito. Es cierto, la justicia depende esencialmente de la calidad de los jueces, más que de las virtudes y perfección de la ley. Tres factores gravitan y determinan esta realidad.
El primero radica en la intervención de las autoridades políticas en la designación y promoción de los jueces, en un universo en que el contencioso administrativo es cada día más extendido y absorbente. Está demostrado que aquellos magistrados que no tienen afinidad con quienes ejercen el poder, o se mantendrán indefinidamente en sus cargos sin ascenso alguno, o abandonarán decepcionados sus funciones. La mejor demostración de lo que digo queda en evidencia por los vaivenes que la jurisprudencia acusa entre uno y otro gobierno en materias tan sensibles para la ciudadanía como la prescripción penal, la cosa juzgada, la amnistía, el debido proceso, etcétera.
Lo indicado es un problema que se arrastra por muchos años, que no es imputable solo a quienes forman parte del Poder Judicial, sino consecuencia de su estructura orgánica. En cierta medida, no puede exigirse a los jueces otro comportamiento. Esta anomalía seguirá pesando indefinidamente en el funcionamiento de la judicatura, ya que no existe ni la más remota posibilidad de corregirla a corto plazo. Como es natural y lo demuestra la experiencia, nadie está dispuesto a restringir la cuota de poder que se le ha asignado. Los jueces solo serán independientes cuando en la generación y promoción de los cargos judiciales desaparezca todo influjo ajeno a su carrera.
El segundo factor a que aludimos consiste en la generación de una atmósfera hostil hacia ciertas personas o instituciones cuya conducta se condena públicamente, incluso con mucha antelación al juicio respectivo. De este fenómeno son responsables algunos medios de comunicación empeñados en desacreditar a quien se ve envuelto en un litigio, los comentaristas especializados, los cuadros políticos que actúan en forma coordinada hasta imponer un veredicto social condenatorio, y todos nosotros que miramos con indiferencia y desaprensión lo que sucede.
Indudablemente, el componente más activo es el tráfico ideológico, que procura destruir la imagen de quien se considera un enemigo, mediante la crítica mordaz y el escarnio. Es frecuente observar cómo un delito cometido por personeros de una firma privada, por ejemplo, se proyecta de inmediato a todo el sector empresarial, dañando, muchas veces, una trayectoria de decenas de años de funcionamiento irreprochable; o un proyecto mal evaluado redunda en la destrucción de una imagen corporativa labrada con tenacidad a través del tiempo.
El tercer factor es la división que propician algunos jueces que, asumiendo posiciones bien definidas y alentando movimientos con inequívocos propósitos políticos, pugnan por imponer un cierto modelo institucional a la judicatura. Este impulso va en aumento, creo yo, ante la actitud displicente de la Corte Suprema, que parece más interesada en otra problemática. Lo que señalamos -que objetivamente nadie podría ignorar- tiene una razón de ser que hunde sus raíces en la debilidad del gobierno judicial por efecto del sometimiento inadvertido de la magistratura a los intereses políticos predominantes.
No quiero que se confunda lo que digo con una denuncia destemplada. Lo que procuro es describir una realidad insoslayable que, por comodidad, temor o conveniencia, se silencia, haciendo imposible que algún día pueda encararse cada uno de estos factores en beneficio de todos los chilenos.
Este país requiere con urgencia de una política realista de largo plazo, que defina con precisión el ámbito de este poder del Estado en el marco institucional, que identifique aquellos problemas que terminarán por agobiarlo si se persiste en encubrirlos, que fortalezca la carrera judicial, proteja su independencia de todo agente o factor ajeno a su tarea específica -sin un sello ideológico inspirador-, y que le dé un estricto carácter profesional. Estos son los jueces que necesitará Chile en el futuro para fortalecer lo que llamamos "Estado institucional de Derecho".
Pablo Rodríguez Grez
Decano Facultad de Derecho
Universidad del Desarrollo
